La promoción de la tauromaquia y su adecuada presencia en los medios es el principal objetivo del sector para lograr que su presencia social sea la que se corresponde con sus cifras de asistencia. Pero, simultáneamente, la estructura de promoción de la Fiesta debe también liderar y sufragar la defensa jurídica de todos los profesionales y aficionados cuando son agredidos física o moralmente por los antitaurinos.
No es
de recibo que ciertos personajes salten una y otra vez a los ruedos para lograr
unos minutos de una repercusión mediática que no se concede ni a los mayores
triunfos de los toreros. Y que sean los profesionales los que tengan que verse
las caras una y otra vez con estos sujetos en distintos ruedos de España. Más
allá de que en algunas ocasiones puedan haberse excedido, es perfectamente
comprensible su hartazgo y su desazón. No hay derecho a tener que soportar todo
eso.
Como
tampoco es justo que a los aficionados se les llame asesinos a la cara a menos
de veinte metros enfrente de las taquillas de las plazas de toros (tengo que
sufrirlo cada año, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes). O que tengan
que soportar durante el festejo los gritos que se dan en las inmediaciones de
plazas como la de Sevilla o de Valencia. O que en twitter sea un deporte
insultar del modo más desagradable a cualquier aficionado.
Cada
uno de estos hechos merece una respuesta jurídica contundente en los ámbitos
civiles, administrativos y penales. Hay, primero, que responder de forma
enérgica frente a cada agresión tratando de que se condene fuertemente a
quienes agreden, pero también a quienes les financian, incitan y alientan. Y hay
también que atacar jurídicamente, buscar medidas preventivas, desmantelar
organizaciones, prohibir acceso a las plazas, impedir manifestaciones junto a
las plazas de toros,…
Hay
medios jurídicos para hacerlo. La Ley 18/2013, para la regulación de la
Tauromaquia como patrimonio cultural y la Ley 10/2015, para la salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial dan una cobertura única a la protección de la
Tauromaquia. Por primera vez, la Fiesta se ha regulado para algo más que para
ordenar jurídicamente el rito y establecer sanciones administrativas a toreros
y ganaderos. Y este reconocimiento como patrimonio cultural permite amplios
mecanismos de defensa.
A la
vez, se han elaborado protocolos de actuación para impedir manifestaciones
frente a las plazas de toros. Es cierto que no son de aplicación automática, ni
tienen la rotundidad normativa y de aplicación que allende los Pirineos. Pero
pueden ser invocados y serán probablemente aplicados con carácter general.
En
todo caso, esta defensa exige un esfuerzo constante, una estrategia única y unos
medios importantes. Somos más, somos mejores y tenemos la razón. Pero tenemos
que hacerla valer.
Por
eso, esta defensa tiene que hacerse también desde la misma estructura general
de defensa y promoción de la tauromaquia. Porque no es razonable ni eficaz que
cada aficionado o profesional se defiendan de forma aislada, utilicen una
estrategia particular y tengan que financiar su propia defensa.
La
agresión a cada profesional y a cada aficionado es una agresión a toda la
tauromaquia. Cada vez que agreden a uno de ellos nos están agrediendo a todos. Y
los insultos a los taurinos, las descalificaciones como violentos, asesinos o
maltratadores son injuriosas e inadmisibles. Descalifican a quien la hace. Pero
también debe acarrearle las correspondientes consecuencias jurídicas. Eso no es
libertad de expresión. Como el asalto a una plaza de toros no es libertad de
movimiento por el territorio nacional.
Por todo
esto, la defensa la debe realizar quien a todos nos represente y a todos nos
aglutine.
La
promoción es imprescindible. Pero la defensa es absolutamente urgente. Por
dignidad y por justicia. Y porque no puede consentirse ni un asalto más a una
plaza de toros, ni una agresión más a un torero, ni un insulto más a un
aficionado.
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