Ayer en Twitter, dos noticias volvieron a
poner en evidencia que la propiedad de las plazas de toros es una de las
principales debilidades de la Fiesta. Por un lado, se recordaba cómo, en plena
feria de la Virgen Blanca, este es el segundo año sin toros en Vitoria,
planteando algunos la falta de generosidad de los taurinos para hacer los
esfuerzos que hicieran falta para haber mantenido los festejos en esa plaza.
Por la tarde, un tweet anunciaba que una empresa inmobiliaria había hecho una
oferta por la plaza de toros de Córdoba, lo que podía hacer que la ciudad de
los Califas dejara de tener plaza de toros.
Desde aquí se ha dicho reiteradamente y
desde hace muchos años: el hecho de que los empresarios (ahora, algunos, “productores”)
no tenga el control (propiedad o arrendamientos a largo plazo) de los lugares
en los que se pueden desarrollar festejos taurinos deja la celebración de estos
festejos en mano de los intereses y conveniencias de personas ajenas al mundo
taurino, ya sean entidades públicas o privadas. Es cierto que el hecho de que
las plazas sean propiedad de “taurinos” no garantiza que las cosas se hagan
bien, pero al menos evita que sean otros, y sus intereses, los que decidan por
nosotros. (Un apunte aquí: Barcelona, en esto, no es una excepción, porque la
propiedad de la plaza –Balañá- no era ya, cuando se decretó la prohibición de
los toros en Cataluña, una empresa taurina, sino una empresa de salas de
espectáculos diversos en los que la tenencia de la plaza de toros era algo
residual en su cuenta de resultados).
Los casos de Vitoria y de Córdoba son
paradigmáticos de esa dependencia de otros. En Vitoria, por ejemplo, a pesar de
lo que algunos crean, los toros no están prohibidos. Como nunca lo estuvieron
en San Sebastián, a pesar de que durante varios años no se dieron festejos en
su plaza. La plaza de Vitoria es una plaza de titularidad municipal en la que
el Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias, ha decidido sacarla a
concurso en condiciones diferentes de las que permitieron a los empresarios
taurinos, en el pasado, que las cuentas les cuadraran. Ahora, existe un canon
(muy modesto, pero lo hay) y no hay ayudas municipales de ningún tipo. Parece
que, en esas condiciones, no hay ninguna empresa a la que le cuadren las
cuentas.
Obviamente, lo primero que podemos plantear
es por qué el Ayuntamiento modifica sus criterios y discrimina a los toros
respecto a otras actividades de su feria, quitándoles cualquier ayuda y
obligando a pagar dinero para su celebración. Sin duda, es algo deplorable,
pero al menos en apariencia es legal que lo haga: el Ayuntamiento puede decidir
en qué invierte sus recursos y cómo se gestionan sus bienes municipales. Lo que
habría que plantearse, entonces, es cómo es posible que no cuadren las cuentas
por tener que pagar 3.000 euros por utilizar un recinto para dar toros en una
plaza de segunda. Algo está mal, muy mal, en la estructura del negocio taurino
si con este coste del “piso de plaza” los números no salen.
Lo de Córdoba es más curioso aun. La plaza
de toros es de propiedad privada. De unas familias que tienen reservada el
mejor tendido, que no pagan por ir a los toros y que alquilan la plaza para
este menester a quien tiene por conveniente en las condiciones que deciden. En
los últimos años, la empresa gestora ha sido la FIT, en una labor que no ha sido
precisamente brillante en cuanto a número de festejos y asistencia de gente (a
cambio, este año pudimos ver unas faenas de Finito y de Morante realmente
memorables).
Si ahora la propiedad de la plaza recibe
una oferta para vender la plaza a alguien que cree que puede desarrollar un
negocio inmobiliario en su emplazamiento, lo probable es que valore la oferta.
Y luego, que decida según le convenga. Es cierto que los taurinos querríamos
que decidieran conforme nos interesa a los aficionados, pero ¿por qué habrían
de hacerlo? Ciertamente tienen una responsabilidad para con la sociedad de la
que forman parte y especialmente con los aficionados, los ganaderos, los
toreros,… y todos aquellos que de un modo u otro están vinculados con lo que
sucede en la plaza (los stakeholders de los que hablan los anglosajones). Pero
si ni los empresarios, ni los toreros, ni los ganaderos invierten sus ahorros
en construir plazas de toros, ¿por qué unos terceros deben mantenerlas en vez
de poder monetizar su valor y gastarlo o invertirlo como tengan por
conveniente?
Construir una plaza de toros es algo
costosísimo. Hacerlo sólo para dar espectáculos taurinos no tiene ningún
sentido en la actualidad. La propiedad de la mayoría de las plazas están en
manos de entidades públicas y privadas que nada tienen que ver con la
tauromaquia. Y los taurinos no han invertido en absoluto en la construcción de
las plazas o en investigar si es posible adaptar otros espacios para dar
espectáculos taurinos. Por eso, la posibilidad de celebración de espectáculos
taurinos depende de la decisión de otros, que no son ni los empresarios, ni los
toreros, ni los ganaderos. Sólo con la unión de toros (aficionados incluidos)
se puede seguir exigiendo a las administraciones y propiedades privadas que las
plazas de toros se destinen a los fines para los que fueron construidas. Pero no
estaría de más que alguien comenzara a pensar en cómo hacer para que la Fiesta
no descanse casi totalmente en manos completamente ajenas.
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