lunes, 17 de agosto de 2015

Reflexiones ante una situación de urgencia - 3. La defensa


La promoción de la tauromaquia y su adecuada presencia en los medios es el principal objetivo del sector para lograr que su presencia social sea la que se corresponde con sus cifras de asistencia. Pero, simultáneamente, la estructura de promoción de la Fiesta debe también liderar y sufragar la defensa jurídica de todos los profesionales y aficionados cuando son agredidos física o moralmente por los antitaurinos.
No es de recibo que ciertos personajes salten una y otra vez a los ruedos para lograr unos minutos de una repercusión mediática que no se concede ni a los mayores triunfos de los toreros. Y que sean los profesionales los que tengan que verse las caras una y otra vez con estos sujetos en distintos ruedos de España. Más allá de que en algunas ocasiones puedan haberse excedido, es perfectamente comprensible su hartazgo y su desazón. No hay derecho a tener que soportar todo eso.
Como tampoco es justo que a los aficionados se les llame asesinos a la cara a menos de veinte metros enfrente de las taquillas de las plazas de toros (tengo que sufrirlo cada año, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes). O que tengan que soportar durante el festejo los gritos que se dan en las inmediaciones de plazas como la de Sevilla o de Valencia. O que en twitter sea un deporte insultar del modo más desagradable a cualquier aficionado.
Cada uno de estos hechos merece una respuesta jurídica contundente en los ámbitos civiles, administrativos y penales. Hay, primero, que responder de forma enérgica frente a cada agresión tratando de que se condene fuertemente a quienes agreden, pero también a quienes les financian, incitan y alientan. Y hay también que atacar jurídicamente, buscar medidas preventivas, desmantelar organizaciones, prohibir acceso a las plazas, impedir manifestaciones junto a las plazas de toros,…
Hay medios jurídicos para hacerlo. La Ley 18/2013, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural y la Ley 10/2015, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial dan una cobertura única a la protección de la Tauromaquia. Por primera vez, la Fiesta se ha regulado para algo más que para ordenar jurídicamente el rito y establecer sanciones administrativas a toreros y ganaderos. Y este reconocimiento como patrimonio cultural permite amplios mecanismos de defensa.
A la vez, se han elaborado protocolos de actuación para impedir manifestaciones frente a las plazas de toros. Es cierto que no son de aplicación automática, ni tienen la rotundidad normativa y de aplicación que allende los Pirineos. Pero pueden ser invocados y serán probablemente aplicados con carácter general.
En todo caso, esta defensa exige un esfuerzo constante, una estrategia única y unos medios importantes. Somos más, somos mejores y tenemos la razón. Pero tenemos que hacerla valer.
Por eso, esta defensa tiene que hacerse también desde la misma estructura general de defensa y promoción de la tauromaquia. Porque no es razonable ni eficaz que cada aficionado o profesional se defiendan de forma aislada, utilicen una estrategia particular y tengan que financiar su propia defensa.
La agresión a cada profesional y a cada aficionado es una agresión a toda la tauromaquia. Cada vez que agreden a uno de ellos nos están agrediendo a todos. Y los insultos a los taurinos, las descalificaciones como violentos, asesinos o maltratadores son injuriosas e inadmisibles. Descalifican a quien la hace. Pero también debe acarrearle las correspondientes consecuencias jurídicas. Eso no es libertad de expresión. Como el asalto a una plaza de toros no es libertad de movimiento por el territorio nacional.
Por todo esto, la defensa la debe realizar quien a todos nos represente y a todos nos aglutine.

La promoción es imprescindible. Pero la defensa es absolutamente urgente. Por dignidad y por justicia. Y porque no puede consentirse ni un asalto más a una plaza de toros, ni una agresión más a un torero, ni un insulto más a un aficionado.

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