Sobre las sanciones a los profesionales taurinos

Apuntaba en mi anterior entrada que quería dedicar una líneas a justificar por qué no creo oportunas las sanciones a los profesionales taurinos por actuaciones durante la lidia. El asunto viene a colación del anuncio que hizo el Presidente de la corrida del sábado de que iba a proponer para sanción al picador del tercer toro y al puntillero que remató al toro devuelto tras tres avisos.

Vaya por delante mi reconocimiento a D. Jesús María Gómez Martín a quien considero un buen aficionado y presidente. Especialmente valiente por dar la cara frente a los aficionados y comunicarse públicamente con ellos, con las limitaciones de los 140 caracteres, como muy bien apuntó. Y que lo que hizo, conforme prevé el Reglamento, es proponer para sanción determinados comportamientos que, a su juicio, suponían una infracción del mismo (respecto a lo cual uno puede entender más o menos ajustado a derecho en cada caso).

Pero mi objeción es más general. O previa, si se quiere.

Muchos aficionados consideran que el Reglamento es la salvaguarda de la pureza de su afición. Y que el Presidente debe ser el guardián de las esencias. Por eso aquel grito de guerra de "¿A quién defiende la autoridad?". A mi juicio, sin embargo, el Reglamento no debe cumplir esa función y el mero hecho de que regule lo que sucede en el ruedo constituye una debilidad (además de un anacronismo) de la tauromaquia. Pero vayamos por partes.

El Reglamento es una norma jurídica. Y en la parte de la que estamos hablando una norma de carácter sancionador a la que aplican todas las reglas y procedimientos previstos para cualquier norma sancionadora de carácter administrativo (con su correspondiente tramitación y sus eventuales recursos que pueden llegar, y en algunas ocasiones ha sucedido, hasta el Tribunal Constitucional). El sancionar a un picador que lo hace mal o a un puntillero se hace sobre la base de la necesidad de que la administración salvaguarde un interés general. Como lo hace cuando se sanciona al que conduce bajo los efectos del alcohol, al que vende productos perjudiciales para la salud o al que defrauda en el pago de sus impuestos.

Y, a mi juicio, la relación de la Administración con la Tauromaquia no debería ser esa. La Tauromaquia es un elemento básico de nuestro patrimonio cultural. Como lo es el flamenco o el teatro del Siglo de Oro. Por eso, la Administración debe favorecerla y apoyarla, ayudar a su divulgación, realizar labores para que se conozca y admire. Pero no sancionar a quienes en algún momento la ejecutan sin pericia. Como no se sanciona a un flamenco que en una noche mala da un mitín en vez de cantar como los cabales. Ni a un actor que dice mal el verso o a quien se le olvida el texto de Calderón que tiene que recitar.

Pero lo peor es que los aficionados consideran que la Administración debe hacer eso porque si no los taurinos, que, afirman muchos, "son unos golfos", nos engañarían continuamente. Y esa es precisamente una preocupante muestra de debilidad.

Si reivindicamos la tauromaquia como parte del patrimonio cultural debemos exigir un trato igual al de las demás actividades artísticas. Pero igual para todo. Para la promoción y para un régimen que no suponga una injerencia absoluta de la Administración en la preparación y desenvolvimiento del espectáculo. Primero, porque con un régimen de control y autorización tan invasivo por parte de la Administración, una Administración contraria a la tauromaquia puede hacer mucho daño. Y segundo porque nadie que se pone delante de un toro merece que un órgano administrativo o judicial le imponga una sanción por lo que ha hecho en circunstancias tan particulares como son la lidia de un toro bravo.

Con esto no quiero decir que no haya actuaciones en el ruedo que no merezcan un reproche. Que, sin duda, las hay. Pero el reproche no debe ser administrativo. Para esos casos, deben articularse consecuencias que determinen los propios aficionados y la estructura de la tauromaquia (como sucede de alguna manera en Francia). Aunque para eso haría falta una organización adecuada de la sociedad civil en este y otros ámbitos. Algo ajeno a nuestra tradición y vehemencia.