miércoles, 23 de diciembre de 2009

Cataluña y los toros: las trampas de algunos argumentos de defensa de la Fiesta

Finalmente, los parlamentarios catalanes decidieron seguir adelante con la ILP. Por una escasa mayoría. Aunque veremos qué pasa al final. Puede ser que haya parlamentarios que hayan considerado oportuno que se tramitara la Iniciativa, pero que finalmente no voten a favor de la prohibición, o puede ser (no es descartable) que la votación final no pueda tener lugar antes de que se disuelva el Parlament, que hace extinguirse todas las iniciativas que en ese momento se estén tramitando.

Días más tarde, el PSC ha anunciado que votará en contra y tratará de buscar fórmulas de consenso. Alguien ha aludido incluso a corridas a la portuguesa o situaciones intermedias. ¡Cuidado con quienes con defienden así! Esto no es transaccionable. En las corridas de toros el toro muere en la plaza. Y eso es más ajustado a su naturaleza y menos cruento que dejarlo varios días herido en los corrales hasta que se le lleva al matadero (como sucede a veces en Portugal).

También la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, según afirma el diario El Mundo, que la decisión del Parlament "se sitúa en el ámbito de las competencia de esa Cámara", por lo que "el Gobierno respeta, como no puede ser de otra manera, esa decisión" y que las corridas de toros cuentan "con un amplio respaldo en la sociedad" por lo que el Ejecutivo "no es partidario de prohibir, sino de decidir en libertad".

Vayamos por partes.

Primero: NO es verdad que la decisión del Parlament se sitúe en su ámbito competencial. No es éste el lugar de extendernos en este asunto, pero baste con decir que, conforme a la Constitución, el Estado tiene la competencia exclusiva en la "Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expolicación (...)" y que "Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial". Y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, al Estado le corresponde la preservación del patrimonio cultural común.

Por tanto, si convenimos (y no puede ser de otra forma) que la tauromaquia es un patrimonio cultural común en España, la prohibición de esta manifestación cultural en una Comunidad Autónoma excede cualquier competencia autonómica. Y el Estado tiene mecanismos para recurrir cualquier decisión que trate de adoptarse en este sentido.

Considerar que la actuación del Parlament se realiza en el ejercicio de sus competencias es renunciar "a priori" a esta facultad, que entiendo debería ejercer el Gobierno si finalmente llega a aprobarse una legislación que impida en Cataluña la celebración de espectáculos taurinos.

Como digo, se trata sólo de un apunte. Podría realizarse un análisis más detallado de esta cuestión y aportarse otros argumento de orden jurídico, pero no es éste el lugar adecuado. Para quienes estén interesados recomiendo fervientemente el artículo "La prohibición de los espectáculos taurinos: problemas constitucionales", de Gabriel Doménech Pascual, en el nº 40 de la Revista Jurídica de Castilla La Mancha (mayo 2006), en el que se realiza una explicación tremendamente clara y detallada de la cuestión.

Pero hay otra de las afirmaciones utilizadas por la vicepresidenta que me preocupa al menos tanto como la anterior, que es la mención al "amplio respaldo en la sociedad". ¿Qué sucede, que la libertad puede ejercitarse sólo en relación con las actividades que resultan mayoritarias? ¿Es lícito prohibir las manifestación culturales o las aficiones que sólo profesen unos cientos o miles de personas?

La necesidad de defender, potenciar y permitir la Fiesta no está vinculada con el número de adeptos con los que cuente. Eso puede ser un criterio importante para valorar el rédito electoral que puede suponer su prohibición o su defensa. Pero la defensa de la libertad y la cultura es algo vinculado con los valores, no con los votos. Aunque no sé si los políticos serán ya capaces de entender algo que esté relacionado con los principios y no con el poder.

Sí me ha resultado pertinente la invitación que ha anunciado el Presidente andaluz, José Antonio Griñán, a los diputados catalanes, para que conozcan el "proceso medioambientalmente significativo" que suponen las dehesas donde se cría el toro bravo. Y especialmente gratificantes las declaraciones que hizo el Presidente extremeño Guillermo Fernández Vara en la entrega de unos premios taurinos en la que afirmó que "en los tiempos que corren no podemos escondernos, hay que salir y dar la cara en la defensa de la fiesta de los toros porque es parte de nuestra historia y de nuestra tradición, pero además son un importante factor económico y por el valor ecológico que aporta la dehesa".

Los representantes del PP que se han manifestado sobre esta cuestión lo han hecho todos rechazando la posibilidad de que se prohiban los toros en Cataluña, pero he de reconocer que no ha habido ningún argumento que me resulte sugestivo, novedoso o provocador, para ser resaltado o comentado. Sí me resulta interesante que vaya a presentarse por el PP Andaluz una moción en el Parlamento Andaluz para defender la fiesta de los toros. Veremos con qué texto y sobre qué argumentos.

Y es que la defensa de la Fiesta resulta siempre fundamental. Y probablemente ahora más importante, o tanto, como en algunos periodos muy concretos de nuestra historia. Pero no vale cualquier argumento. Porque algunos son sólo cortoplacistas y coyunturales, y, en consecuencia, conducen a que exista una perpetua discusión sobre las razones de fondo. Son éstas las que deben ponerse sobre la mesa: las de la libertad y la cultura. Y el necesario compromiso del Estado en su defensa. Más allá de cuántos seamos, de lo que económicamente signifiquemos y de las competencias autonómicas que traten de arguirse para acabar con la libertad y la cultura.

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